NC-BC denuncia que el Gobierno de Clavijo bloquea la mejora del nuevo decreto de dependencia    

24.03.2026 | Canarias

La parlamentaria de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) Natalia Santana ha denunciado hoy, en el pleno del Parlamento, que el Gobierno presidido por Fernando Clavijo ha bloqueado la mejora del nuevo decreto de dependencia al rechazar su tramitación como proyecto de ley. La diputada del grupo nacionalista progresista criticó a los grupos que sustentan al Ejecutivo de derechas de CC, el PP, la AHI y la ASG, por tumbar su petición dirigida a corregir desigualdades territoriales en las islas no capitalinas, como Fuerteventura, y carencias del sistema. 

Natalia Santana, durante su intervención sobre la convalidación del nuevo decreto que modifica el de 2023 sobre las prestaciones de dependencia y la Ley de 2019 de Servicios Sociales de Canarias en materia de compatibilidades, sostuvo que el actual del sistema de la dependencia en las islas está “desbordado”, con miles de personas en lista de espera y 2.200 fallecidos sin haber recibido las prestaciones reconocidas. “No basta con reconocer los derechos si no se garantizan”, recalcó. 

Avisó la portavoz en la materia de NC-BC de que los profesionales y trabajadores del sector ya hablan “abiertamente” de una “crisis estructural”, marcada por la falta de recursos, la desorganización y una burocracia que, lejos de facilitar el acceso, actúa de barrera para las familias. 

Natalia Santana se refirió a la creación del Grado III+, con el nuevo decreto, con ayudas que pueden alcanzar hasta los 9.800 euros. Puede ser “llamativa a priori”, advirtió para cuestionar su carácter finalista. Las familias, como explicó, tendrán que justificar hasta el último euro, con el riesgo de suspensión o devolución de la ayuda. 

Recriminó que el Gobierno de las dos derechas convierta a las familias en gestoras administrativas en lugar de apoyarles cuando “ya están exhaustas cuidando a personas en situación de gran dependencia y patologías de gran complejidad, como puede ser la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)”.

Uno de los aspectos que más preocupa a NC-BC es la “desigualdad” territorial. Santana se refirió a las islas no capitalinas como Fuerteventura, donde la falta de servicios en municipios como Pájara, Antigua, Tuineje y algunas zonas de Puerto del Rosario; impide que las prestaciones se materialicen. “El derecho existe, el dinero está en el monedero, pero la atención no llega”, reprochó. 

Para la diputada del grupo nacionalista progresista, esta situación tiene “un nombre, desigualdad”. “Desigualdad por vivir en una isla no capitalina y desigualdad por no tener acceso a esos servicios. Frente a eso, la respuesta no puede ser que la familia se busque la vida, señora consejera”, señaló. Observó Santana que garantizar los servicios es responsabilidad del Gobierno de Clavijo.

No obstante, reconoció algunos avances del decreto, como la regulación de la figura del asistente personal, demandada por Nueva Canarias, así como la mejora de determinadas cuantías y compatibilidades. Sin embargo, cuestionó la ausencia de coordinación con los ayuntamientos y avisó de posibles inseguridades jurídicas en su aplicación. 

Frente a la versión “triunfalista” del Ejecutivo, Natalia Santana mantuvo que el decreto no amplía el régimen de compatibilidades de prestaciones, lo que puede generar “frustración y falsas expectativas” entre las familias.

Desde Nueva Canarias se plantearon varias propuestas de mejora mediante la tramitación como proyecto de ley. Entre ellas, el aumento de las cuantías del grado 3, la creación de mecanismos específicos para compensar la realidad de las islas no capitalinas y la ampliación de las compatibilidades entre las prestaciones para ser adaptadas a las necesidades reales.

Natalia Santana explicó que NC-BC votaba a favor de la convalidación del decreto por responsabilidad y para poner en el centro a las personas en situación de dependencia. Lamentó que CC, el PP, la AHI y la ASG rechazaran su petición para que fuera tramitado como proyecto de ley. Una vía que, como valoró la diputada canarista, suponía una oportunidad para mejorar la norma de forma consensuada.
 

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